Después de más de dos años, el Congreso finalmente aprobó la Ley Contra el Lavado de Dinero, que contempla penas de hasta ocho años de prisión y multas de 75 mil días de salario mínimo a quienes la violen. Pues, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cada año son lavados en México más de 10 mil millones de dólares (mdd), aunque expertos calculan que la cifra puede ser mucho mayor.
“Con esta Ley, se protege al sistema financiero y al resto de la economía, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos de operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita”, declaró José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público.
Sin embargo, Jorge García Villalobos, socio de Asesoría Financiera de Deloitte, y uno de los principales especialistas en el país en temas de combate al lavado de dinero aseguró a AltoNivel.com.mx que la iniciativa tiene varios puntos débiles.
La denominada Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, obligará a reportar a las autoridades aquellas transacciones en efectivo que superen ciertas cantidades. Por ejemplo, la compra de joyas y relojes deberá reportarse si supera 805 salarios mínimos, mientras que la recarga de tarjetas de prepago deberá reportarse cuando la operación exceda 645 días de salario mínimo.
“El mejor mecanismo para blindar a la economía formal de operaciones de blanqueo, es el conocimiento del cliente”, aseguró el secretario de Hacienda.
Las multas variarán en función del sector y de la suma de la operación, pero oscilan entre los 200 y los 75 mil días de salario mínimo. Además, si un agente proporcionara información “dolosa” o falsa, puede llegar a implicar una pena de dos a ocho años de prisión.
Lagunas en la Ley
“Me hubiera gustado que a la nueva ley la acompañara un reglamento. Hay detalles poco claros. A quién reportar, cuándo reportar son algunos de los puntos débiles”, acusa Villalobos. Quien señala que la Ley Contra el Lavado de Dinero tendrá un año de “plazo” hasta que comience a ser aplicada con rigor, lo que señala como uno de sus puntos débiles. Desde su punto de vista, este palzo generará dudas y temores sobre cómo y qué reportar.
“No podemos saber qué medidas tomar o cómo capacitar a nuestros clientes y recursos humanos si no hay un reglamento claro. Nosotros como despacho de consultoría tendremos controles. Pero saber qué reportar y qué no reportar puede ocasionar un sobrereporteo que desborde a la autoridad y que, en lugar de hacerla más eficiente, la confunda”, explica Villalobos, quien advierte que la autoridad deberá ser “muy puntual” en la capacitación que brinde, para que las empresas reporten de manera eficiente.
El socio del Área Financiera de Deloitte afirma que para que haya cumplimiento de la Ley, la autoridad necesitará una capacidad de análisis y síntesis que debe venir reforzada por un sistema ágil y simple de reporteo para las empresas.
El uso de efectivo
“Sí se puede comprar un coche, un reloj o hasta una casa en efectivo. Esto se puede seguir haciendo, pero ahora la autoridad lo sabrá, porque debe reportarse”, explica Villalobos.
Aunque las notarias ya reportaban a la autoridad hacendaria sobre diferentes operaciones y, a pesar de que los vendedores no son obligados por la nueva ley a tener programas y controles de prevención de lavado de dinero y combate al terrorismo, ciertos sectores, como el automotriz, el inmobiliario y el lujo tendrán que identificar a sus clientes, para que la autoridad pueda determinar la fuente de los recursos, en el caso de ventas en efectivo. “Ya no podremos ser omisos cuando una persona pague en efectivo. Debemos coadyuvar”, afirma el socio del Área Financiera de Deloitte.
“Creo que no vamos a hacer menos operaciones en efectivo, aunque posiblemente se inhiba un poco su uso. En las centrales de abastos, el 95% del capital es efectivo, estos vendedores no van a cambiar su sistema, pero a partir de cierto monto, ahora tendrán la necesidad de reportar”, afirma Villalobos.
Según el experto, la tendencia de utilizar efectivo en México es una cuestión cultural, porque mucha gente no tiene acceso al crédito o está acostumbrada a comprar sólo en efectivo, “antes no había acceso al crédito”, señala el socio de Deloitte.
Por otra parte, Villalobos destaca el trabajo de la Procuraduría General de la República (PGR) que creó recientemente una unidad de investigación de prevención del lavado de dinero, que depende directamente de la oficina de la procuradora de Justicia, que, a su vez, trabaja en conjunto con la SHCP, las autoridades bancarias y la policía, para que las investigaciones deoperaciones sospechosas puedan tener un seguimiento.
Recomendaciones
“Pediría al Congreso que hagan un reglamento claro que de la posibilidad de cumplir lejos de incumplir. No se puede meter miedo a la gente y que la autoridad se llene de información irrelevante”, señala Villalobos.
Desde la perspectiva de este experto, los tres puntos cruciales de la nueva Ley Contra el Lavado de Dinero son:
1-Que la autoridad debe tener la capacidad y la fuerza para aplicar la ley y evitar que quede en “letra muerta”.
2-Que la autoridad sancione a todos los que incumplan la ley, sin dejarse corromper.
3-Y que se promulgue a la brevedad un reglamento transparente y de fácil manejo.
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vía: ( altonivel.com.mx )
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